Abg. Daniel Merchán M.
Las redes del narcotráfico se encuentran establecidas a escala global, pero específicamente en México es donde se ha dado una de las situaciones más preocupantes, el nivel de gravedad que ha logrado alcanzar este flagelo en suelo mexicano es sin duda uno de los más altos del continente y también del planeta, el uso y distribución de drogas ha aumentado incontrolablemente, producto de ello se ha desatado una de las más grades olas de violencia producidas en esta sociedad, algunas cifras oscilan entre 5000 y 6000 muertos por año bajo acciones vinculadas al crimen organizado.
Muchas personas en México han sufrido la violencia del conflicto, sin embargo, éste no está presente de manera generalizada en todo el país. Los estados que más han sufrido son: Baja California, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa. Felipe Calderón y su gobierno dicen estar combatiendo fuertemente al narcotráfico especialmente en el estado de Michoacán, pero también hay operativos puestos en marcha en Jalisco y Guerrero. Y es que el gobierno ha decidido desplegar a la fuerza publica en especial al ejercito en una guerra frontal contra los traficantes de drogas como principal alternativa a un problema de este tipo, que poco a poco ha ido posicionándose a lo largo y ancho del territorio Mexicano y aun más allá de sus fronteras, incluso hasta el punto de volverse un fenómeno: cultural, político, musical, económico, militar, social, religioso, etc. aunque no lo parezca.
Se ha reportado que los cárteles usan armas como metralletas de alto poder, bazookas e incluso granadas de fragmentación. Tanto autoridades estadounidenses como mexicanas reconocen que México es la ruta principal por la que transita la cocaína y otras drogas que tienen como destino Estados Unidos, y que Colombia es donde crecen la mayoría de las plantas de coca para ser éstas procesadas y enviadas a México a través de Centroamérica. El endurecimiento de las penas y la incorporación a la Constitución del arraigo (prisión preventiva sin cargos) durante 80 días fueron algunas de las medidas adoptadas para combatir la delincuencia. En septiembre, instituciones federales y estatales firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con el fin de mejorar la coordinación de la policía y otras medidas de seguridad. En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las fuerzas de policía, pero no se reforzaron las garantías sobre derechos humanos. El Congreso estadounidense aprobó en junio la Iniciativa de Mérida, que preveía la prestación a México de fondos por valor de 400 millones de dólares estadounidenses. El paquete de medidas incluía también el suministro de equipo y formación a la policía y las fuerzas armadas mexicanas y a los funcionarios de justicia y de inmigración, El 15 por ciento de los fondos destinados a las fuerzas armadas estaba retenido hasta que la Secretaría de Estado estadounidense informara del cumplimiento por México de determinadas condiciones en materia de derechos humanos
Los cárteles de la droga, le han declarado la guerra al Gobierno de México y a la propia sociedad mexicana. Y esto, hasta tal punto, que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, han tomado cartas en el asunto a favor del Gobierno mexicano. El narcotráfico es un fenómeno que se ha vuelto un problema generalizado para los países productores y consumidores, ya que entre muchas otras consecuencias trae una desintegración familiar y destrucción física y mental de los individuos. Participa en las redes de corrupción y tiene como principal ventaja el poder económico que mueve a países, autoridades y a ciudadanos comunes.
Es verdad que el Estado de Derecho posee capacidades y recursos para ganar el combate contra la delincuencia organizada. Pero no lo es menos que la mejor política anti-criminal junto a las mejores leyes penales, pueden muy poco si el Gobierno de Felipe Calderón no consigue ganarse la confianza de la sociedad mexicana. Y para conseguirlo, es preciso combatir y perseguir la corrupción policial, promover políticas sociales que fomenten la iniciativa social libre, fortalecer la escuela, proteger el trabajo de los periodistas y contribuir a crear una cultura de respeto a la legalidad. Sólo así los mexicanos verán en el Estado el mejor y único garante de su seguridad, sus derechos y sus libertades. Es una tarea en la que hace falta recuperar mucho tiempo perdido, pero vale la pena y merito hacerlo.
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